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| Vendedores ambulantes en el barrio El Pedregal |
Un verdadero drama viven centenares
de familias cuyos recursos de subsistencia provienen de las ventas informales
en la calle, ante la incertidumbre de poder continuar con sus labores
económicas, pues la orden de la Administración basada en el decreto 98 de 2004,
es despejar el espacio público pero las alternativas que les ofrecen no les
representan soluciones reales.
A
pesar de ser la mujer más joven del gremio, Sofía* ya tiene una experiencia de más
de 10 años en las ventas informales. Entre otros productos, ha vendido perros
calientes, bolsas y ropa interior. Tiene bajo su responsabilidad a su mamá
enferma, que también posee un puesto venta, y a su hermano menor de edad. Con
los pocos ingresos obtenidos del comercio informal ha logrado estudiar en el
SENA y hoy cursa estudios superiores en la Fundación Universitaria del Área
Andina, gracias a una beca que logró por su excelencia académica.
Ante
las constantes presiones por parte de las autoridades para que cambie de oficio
o se traslade a otro lugar, empezó a leer y a tratar de entender la situación
para buscar herramientas en defensa de su trabajo y el de sus colegas. “Yo no le estoy robando a nadie ni estoy
afectando a nadie”, dice con tono de angustia al pensar que en cualquier
momento vendrán las autoridades a desalojarla de su sitio de trabajo.
El
sitio al que se refiere es la zona de transición ubicada en el costado oriental
del Centro Comercial Portal 80, donde el Distrito los situó hace más de 6 años “para llevarnos a la formalidad, pero hoy nos
quieren tirar a la calle como basura”, dice con desconcierto.
Según Claudia Liliana
Arenas, profesional del área de gestión policiva jurídica de la Alcaldía Local,
esta zona de transición ya se venció, pues fue creada en 2010 por dos años para
que los vendedores tuvieran una alternativa mientras accedían a los programas
del IPES y formalizarse, “pero en algún
momento la Alcaldía necesita recuperar porque es espacio público y este es un
predio de reserva vial de la Avenida Longitudinal de Occidente –ALO”.
Sin
embargo, las alternativas que les ofrece la Administración a través del
Instituto Para la Economía Social –IPES- no les satisfacen. “En mi caso, explica Sofía*, vendo ropa interior y me ofrecen un punto
de flores en la calle 200. Me piden que me traslade desde Engativá hasta la 200
y además que cambie mi actividad comercial, lo cual me parece absurdo, porque
ya tengo una idea de negocio consolidada, clientes definidos y una inversión considerable
en insumos y mercancía”. “La gente tiene
necesidad de llevarles el pan a sus hijos, de pagar un arriendo y servicios. No
nos pueden negar el derecho al trabajo, eso es inhumano”, reflexiona.
En
la zona de Transición el 65% de los vendedores son mujeres y de ese porcentaje,
el 80% son personas mayores con bajo nivel de escolaridad, que difícilmente se
ajustan a las exigencias laborales de una empresa formal.
Señala
que junto con sus compañeros han vivido una presión psicológica impresionante y
permanente, pero aun así han sacado su puesto de trabajo adelante. Hoy, la zona
de transición es un corredor vial con cámaras propias, que le prestan seguridad
al sector. Saben que el terreno es reserva vial de la avenida longitudinal de
Occidente –ALO, pero también saben que esta avenida sólo se construirá inicialmente
en su tramo sur, desde el sector Canoas en Soacha, hasta la Calle 13
de Bogotá.
“Ante la incertidumbre sobre
el futuro de los vendedores informales las entidades locales y distritales se
tiran la pelota, se aprovechan de la falta de educación que tenemos y del poco
tiempo para leer o ver noticias”, dice.
Sofía
al igual que los más de 2.000 vendedores ambulantes caracterizados en Engativá,
se aferra a que la administración tenga en cuenta las sentencias de la Corte
Constitucional T773, T772 y SU360 y les garanticen alternativas de trabajo reales
para acceder a su subsistencia en condiciones de dignidad, con planes
orientados a impedir que se vean expuestas a condiciones de debilidad e
indefensión.
*Nombre
cambiado por razones de seguridad.
“Los gobiernos pasan y los vendedores
siguen”
Para
la edilesa Lilia Avella, “Los trabajadores
informales han sido muy maltratados en esta administración, sin respeto a las
Sentencias de la Corte Constitucional que señalan el derecho al trabajo y el
mínimo vital para que los colombianos puedan subsistir de manera digna. Además
deben dar salida real a la gente antes de sacarlas de sus sitios de trabajo”.
En
la Alcaldía Local de Engativá ha habido diálogos, mesas de trabajo, análisis de
la población, pero estos gobiernos pasan y los vendedores ambulantes y
estacionarios siguen. “Esto es fruto del
desempleo y de la ausencia de alternativas reales. Esta problemática no la
resuelve un Alcalde local ni mayor, es un problema del modelo económico que no
garantiza empleo ni oportunidades”, advierte Avella.
“En el barrio Las Ferias
frente al supermercado Líder, frente al centro comercial Diverplaza y frente al
Portal 80, ubicaron vallas privatizando el espacio público con el argumento de
que los vendedores son desordenados, que no dejaban pasar a la gente, pero las
vayas tampoco dejan pasar a la gente y también son invasión de espacio público”,
enfatizó la edilesa.
“Es obvio que la gente quiera
quedarse en los mismos sitios, porque lo que les ofrecen no garantiza las
condiciones y lo que ellos proponen no es escuchado. Por ejemplo, en ese lote
donde querían hacer un cementerio de vehículos pueden hacer otra zona de
transición. Es un sitio que se puede convertir en corredor comercial donde haya
alternativa no solo de trabajo sino de seguridad, porque se puede iluminar para
que la gente transite tranquilamente por allí”.
Añade
también que la Alcaldía presenta al IPES como única alternativa, con propuestas
de empleabilidad sin considerar que el grueso de esta población son adultos y
adultas mayores. “Muchos de ellos están
enfermos, algunos hasta con enfermedades terminales o incapacidades que no se
las cubre nadie y no son aptos para trabajar en las empresas que ellos ofrecen. Es decir, la alternativa del IPES no existe
para ellos”.
La Administración responde
En
palabras de Claudia Liliana Arenas, la política del Plan de Desarrollo
Distrital del Alcalde Mayor es la recuperación del espacio público y desde la
Administración Local “tenemos que cumplir
con dichas funciones sobre todo en aquellas zonas que han sido declaradas
especiales”.
“Ellos (los vendedores informales) saben que
hay unos espacios que por seguridad no pueden ser utilizados porque hay
sectores bancarios y se nos presenta inseguridad, no estamos diciendo que ellos
sean los delincuentes pero éstos sí se camuflan entre la multitud y eso
dificulta las investigaciones. En los colegios también se nos presentan
problemas de venta de microtráfico, eso no es sorpresa, ellos lo saben y conocen
cuáles son las zonas donde no pueden estar”.
De
igual forma, la funcionaria aclara que en los recorridos de caracterización con
el IPES a los vendedores informales les ofrecieron las alternativas, entre las
que se encuentran:
- Acompañamiento y seguimiento a unidades productivas
- Apoyo para la creación y fortalecimiento de unidades
productivas
- Feria institucionales
- Ferias temporales formación y capacitación para el trabajo
- Información general
- Intermediación laboral
- Antojitos para todos
- Reubicación en plazas de mercado
- Ruedas de empleabilidad
- Proyectos de formación
con la empresa privada
Igualmente
afirma que muchos vendedores informales han accedido a estas alternativas y que
la Administración Local siempre ha sido muy respetuosa de su dignidad.
Para
la Edilesa, en el corto plazo, la administración va a tener que acudir al
dialogo directo, pues la gente está organizada y se va a defender. Son más de
8.000 personas afectadas porque detrás de cada vendedor hay familias numerosas.
“Eso es lo mismo que el
Bronx con la metodología peñalosista, que desocupa y saca fotos mostrando
logros, pero toda esa gente va a parar a otros sitios y como no hay nada
organizado se ubican donde consideran y la invasión continúa”,
concluyó.
