Periódico El Hormiguero: Tapatón

Listo proyecto de decreto sobre Protección a Moradores, para comentarios

Hasta el 10 de agosto de 2023 estará publicado el proyecto de decreto reglamentario de la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas para que las personas interesadas puedan hacer sus comentarios o sugerencias por medio de la aplicación LegalBog de la Secretaría Jurídica Distrital. Con posterioridad a la adopción del POT (Decreto 555 de 2021) la Administración Distrital -a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico- ha estructurado la reglamentación de la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, razón por la cual convoca a todas las personas y organizaciones interesadas en el tema a hacer sus aportes antes del 10 de agosto de 2023. El proyecto de decreto que se presenta a la comunidad fue construido a partir de insumos aportados por grupos de interés como comunidades, académicos, curadores urbanos, gremios y organismos internacionales, quienes plantearon sus perspectivas, expectativas y esperanzas sobre una norma que proteja a las personas que habitan o trabajan en las zonas susceptibles de revitalización urbana en Distrito Capital. Las personas interesadas en consultar el documento y hacer sus aportes podrán hacerlo por medio del enlace, previo registro en la página de la Secretaría Jurídica: https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto- admin-publico/808 Por su parte, las personas que deseen conocer más sobre la protección de moradores y actividades productivas pueden consultar este ABC: https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/2023-07/ABC%20PMAP.pdf.

Avance de la Avenida Mutis

Con una ejecución cercana al 50% avanza la continuidad de la Avenida José Celestino Mutis (calle 63) que conecta a Engativá Centro con el oriente de la ciudad, descongestionando este sector que concentra miles de familias al occidente de la ciudad. Según Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - “Este corredor cuenta con una inversión de $54.000 millones que incluye el contrato de obra e interventoría. Estimamos terminar cuatro de los cinco tramos en diciembre de este año. El último tramo se entregará en el primer semestre de 2024, para facilitar la movilidad a más de un millón de ciudadanos que habitan y transitan este sector”.

Amiguitos del Jaboque recorrieron el humedal

Desde hace seis años el Club Amiguitos del Humedal Jaboque realiza un trabajo de sensibilización ambiental con niños entre 5 y 15 años, residentes de los barrios aledaños al humedal. Un trabajo que vale la pena conocer, destacar y apoyar. Como parte de sus actividades de reconocimiento del territorio, los integrantes del Club Amiguitos del Humedal realizaron recientemente un bicirecorrido por la ciclorruta que bordea el Jaboque, desde el barrio San José Obrero hasta los canales Ángeles y El Carmelo. Así nos lo hizo saber la líder comunitaria y ambiental Sandra Vásquez Esguerra, quien desde hace más de seis años se dedica a la formación ambiental de niños y niñas entre 5 y 15 años de los barrios aledaños al humedal como estrategia pedagógica y participativa, en las que los niños ocupan el tiempo libre con actividades entorno al cuidado y protección de su ecosistema. “Durante el Bici recorrido, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de reconocer el territorio y sus problemáticas, además de plantear posibles soluciones. Se busca que ellos tengan esa apropiación del humedal y su entorno para ayudar a mitigar las dificultades, desde la parte comunitaria”, explicó Sandra. Un club de amiguitos 100% ambiental Todos los sábados de 9 a 12 de la mañana, en el salón comunal del barrio San José Obrero, cerca al tercio bajo del humedal Jaboque se congregan los integrantes del Club Amiguitos del Humedal Jaboque, para desarrollar diversas actividades de sensibilización ambiental y recuperación del espacio público. También se forman en temas relacionados con liderazgo y participación. En algunas oportunidades han recibido acompañamiento de entidades ambientales como Jardín Botánico, la CAR, el Acueducto de Bogotá o la Secretaría de Ambiente. No obstante, es una labor colaborativa y la naturaleza de su congregación es sin ánimo de lucro, por tanto, requieren donaciones de materiales, refrigerios, elementos de protección y de investigación que les permitan avanzar en temas de exploración ambiental. Una gran iniciativa de concientización con las nuevas generaciones, digna de apoyar y replicar.

Vuelven las obras con saldo pedagógico

Las Obras con Saldo Pedagógico OSP permiten la construcción de obras colectivas a menor escala, realizadas en espacios públicos estratégicos, a través de jornadas de diálogo y concertación ciudadana que buscan mejorar entonos y fortalecer el tejido social y la organización social, para que la ciudadanía se involucre en el desarrollo de su entorno. Son obras pequeñas con impacto social, económico y ambiental propuestas por la comunidad, por una instancia de participación local o por alguno de los facilitadores locales del IDPAC. Luego de corroborar que la obra sea de interés masivo de una comunidad, que tenga viabilidad técnica, financiera y social y que pueda sumarse a otros proyectos institucionales de gran escala o que estén conectadas con otras dinámicas de urbanismo, social y económico, se escogerá para su financiación y ejecución. Posteriormente se generarán acciones de sostenibilidad, comprometiendo la ejecución de acuerdos ciudadanos para la apropiación y el cuidado de las Obras por parte de la comunidad. De acuerdo con Alexander Reina Otero, Director del IDPAC, en lo que queda del 2020 la entidad aspira a financiar 25 Obras con Saldo Pedagógico -OSP por un valor aproximado de 20 millones de pesos cada una y para el cuatrienio habrá 4.000 millones para cerca de 200 OSP. Si usted tiene una pequeña obra pendiente en su comunidad, puede recibir más información escribiendo al correo obrasconsaldopedagogico@participacionbogota.gov.co

Ojo: Quien abandone a mayores de 60 años, será castigado con cárcel

El desamparo, el descuido y el maltrato sicológico contra los ancianos fueron tipificados como delitos en una nueva ley que entró en vigencia. Las penas por abandono a padres o abuelos van entre 4 y 8 años de prisión y multas hasta los 5 salarios mínimos. La ley penaliza a los familiares que abandonen o maltraten física y verbalmente a una persona mayor de 60 años. “Las familias, las instituciones que generen cualquier tipo de maltrato sicológico, físico, sexual, financiero, tendrán entre 4 y 8 años de prisión”, aseguró Robinson Cuadros, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. También irán a la cárcel quienes, sin ser de la familia, estén encargados del cuidado del adulto mayor y lo maltraten. “En Bogotá casi 400 personas mayores quedan cada año abandonadas en hospitales, calles o parques”, señaló Cuadros. Las instituciones que tengan a sus cargos ancianos y que incurran en abandono o atropello serán castigadas con cierre y multa de 20 salarios mínimos legales. La Ley ya está en vigencia y las denuncias se pueden realizar en las comisarías de familia y en las oficinas de Integración Social. El abandono de ancianos es una dura realidad, de alto impacto social en Colombia. Hay cerca de 5 millones 750.000 personas de la tercera de edad. De ellas, una de cada 10 vive sin un cuidador. Solo en Bogotá, en promedio cada día un adulto mayor es dejado a su suerte por familiares.

Legalizado el barrio Unir II

Luego de 17 largos años de vaivenes jurídicos el barrio Unir II, al occidente de la localidad de Engativá, fue legalizado. El barrio Unir II, que alberga 1.330 predios en 16.25 hectáreas donde residen alrededor de 7.182 personas, desde el pasado jueves cinco de septiembre cuenta con el reconocimiento urbanístico de la Alcaldía de Bogotá. Ubicado en el borde norte del humedal Jaboque, este barrio obtuvo una primera licencia urbanística hace 18 años, sin embargo, luego de una acción popular instaurada por los afectados tras el incumplimiento del promotor del proyecto, esta licencia fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2002, decisión que el Consejo de Estado convalidó en 2003. Lo anterior hizo que las licencias otorgadas posteriormente por otras curadurías no tuvieran legalidad ni efecto alguno. Debido a esto, la comunidad quedó en un limbo difícil de resolver y el lugar empezó a crecer de manera desorganizada. No fueron pocas las acciones que los habitantes de este sector, de la mano de dirigentes locales como la edilesa Lilia Avella, realizaron para exigir a los gobiernos de turno la legalización del barrio y el acceso a los proyectos de mejoras en su infraestructura. Posteriormente, en diciembre de 2017 la Secretaría del Hábitat solicitó a Planeación Distrital validar el concepto que demostraba que en Unir II sí se daban las condiciones para legalizar el sector. Fue así como en febrero de 2018, la Secretaría del Hábitat inició las socializaciones con la comunidad, el levantamiento topográfico, la aprobación de plano de loteo y la reglamentación urbanística, para que finalmente la Secretaría de Planeación pudiera emitir el acto administrativo con el que se dejó en firme, finalmente su legalización. Ojalá la próxima administración distrital enmiende el tiempo perdido en el que sometieron a sus habitantes a vivir en condiciones nefastas, mientras a escasos metros se permitió la consolidación de la imponente ciudadela Gran Granada, ignorando esta población que no posee condiciones de vida digna en su territorio.