“Fueron las necesidades las que nos unieron para buscar soluciones”

Construcciòn de la avenida Cali con calle 72

Con frecuencia algunas personas se quejan de los servicios del Hospital de Engativá  otros de lo distante, pero pocos de ellos conocen el proceso de lucha que implicó conseguir este lugar y solucionar  esta y otras problemáticas que tenía la localidad a inicios de la década del 90s. El derecho a tener un hospital y dar solución a necesidades locales  requirió  la integración de diferentes lideres comunales y cívicos quienes formaron en 1993 el Frente Cívico por Engativá con el propósito de exigirle al gobierno distrital responder a las necesidades que se tenían en la época.

La formación del Frente Cívico

Roberto Quintero, quien hizo parte del Frente Cívico y hoy presidente de la JAC del barrio Marandú, señala que dentro de este proceso fue importante Asojuntas ya que antes no existía en la localidad: “Cuando nace Asojuntas en 1989 hay mayor acercamiento entre los comunales de la localidad y se empieza un trabajo más organizado frente a las alcaldías de esa época. En ese proceso de organización se evaluaron una serie de necesidades que tenía la localidad, en aspectos como la malla vial, la falta de un hospital y otras se dieron discusiones y se nombró una comisión para redactar un documento y presentarlo al alcalde Jaime Castro”. Como había inconformidad ante la administración del alcalde mayor, líderes comunales, cívicos y políticos, se reunieron en varias ocasiones para evaluarla. Luego de un tiempo deciden organizarse en el Frente Cívico por Engativá para conjuntamente presentar a la administración soluciones a los problemas de la localidad.

Peticiones y demandas

Las diferentes problemáticas locales fueron recogidas en un pliego de peticiones que se condensó en catorce puntos que fueron expuestos por una comisión elegida para presentar a la administración distrital. De acuerdo con el Semanario Voz en su edición del 24 al 30 de junio de 1993, dentro de este pliego se solicitaba:” instalaciones de redes nuevas y colectores de aguas negras, mejor los servicios de alumbrado, teléfonos, energía eléctrica y vigilancia policial en zonas críticas”. Roberto Quintero, agrega: “Había unos puntos muy específicos que eran la construcción del hospital, la construcción del parque San Andrés, otra problemática que había era que en Bachué estaba la estación de policía en un espacio público, otro punto era la prolongación de la avenida 68 entre lo que hoy en día es la Cali y la entrada a Álamos Norte. También se solicitó mejorar la malla vial, construcción de varios CAI y la construcción de una sede de la Universidad Distrital que iba a ser donde hoy se encuentra el Colegio Distrital Bolivia”.

Ejerciendo presión social

Para ejercer presión ante las entidades distritales y la Alcaldía Mayor se realizaron acciones como dos movilizaciones para parar el transporte y una amenaza de paro, lo cual demostró que el Frente Cívico por Engativá tenía respaldo de la comunidad, lo que llevó al alcalde Jaime Castro a una negociación. El 5 de junio de 1993 se firmó un  acta de acuerdo entre los lideres del Frente Cívico y el gobierno distrital donde esté último se comprometió a cumplir, entre otros, con la construcción de la estación de policía, reactivación de los CAI de Quiligua, Garcés Navas y Villa Luz, reubicación de los vendedores ambulantes entre la calle 68 y la avenida Boyacá, revocar el contrato de entrega del estadio Tabora al IDRD, construcción de un polideportivo para la zona décima y adecuación del polideportivo de Bachué. La firma del acuerdo llevó a que se suspendiera por un tiempo un paro que se anunciaba realizar, así lo registro el diario El Tiempo en la edición del 6 de junio de 1993: “El comité organizador del paro cívico anunciado para el 7 de junio, suspendió por dos meses la protesta, a la espera de que en ese tiempo se comience en firme a dar soluciones en la localidad, en ese tiempo se hará seguimiento a las tareas del gobierno y tras el balance decidir si se hace el paro o no”.

Se hizo el paro cívico

Foto tomada el 5 de junio de 1993 a algunos integrantes del Frente Civico por Engativá.
Publicada por EL TIEMPO.

Pero pasaron más de dos meses y algunos compromisos no se cumplían, lo que llevó a que se nombrara un comité de las JAC de los barrios de la Cali hacia Engativá Pueblo, este comité impulsó un paro cívico para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Aunque el inconformismo duro varios días, el día clave fue el 28 de febrero de 1994 cuando se realizó el paro recordado por Roberto Quintero: “Ese día se paralizó todo este sector de la localidad y hubo 20 detenciones de comunales que fueron a parar a la Cárcel Distrital, entonces eso nos provocó mayor bulla porque hubo gases, agua y salía por la televisión. La respuesta de la gente fue buena”.

Como contestación al paro, la administración distrital fue cumpliendo obras solicitadas como la construcción del hospital, del parque de San Andrés, el traslado de la estación de policía a Santa Helenita, la prolongación de la calle 68, entre otras. Sin embargo, otras siguen en deuda como la prolongación de la avenida José Celestino Mutis y la construcción de más centros educativos en la UPZ 74.

Hoy, cuando hay un paro nacional donde los jóvenes y otras poblaciones de la localidad han tomado parte activa, conviene no olvidar esta experiencia de acción colectiva, donde como evoca David Páez, otro de los integrantes del Frente Cívico: “fueron las necesidades que se tenían en la localidad las que nos unieron para buscar soluciones”.

Ojo con el nuevo POT de Bogotá

Desde el pasado 3 de mayo cuando la alcaldesa Claudia López hizo público el proyecto del ‘Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 'El Renacer de Bogotá'  2022-2035’, con el que propone un modelo de ocupación y ordenamiento territorial local, urbano y regional, que le permitirá a la ciudad su reativación, reverdecimiento y recuperación, para la vigencia 2022–2035, se han venido desarrollando una serie de encuentros presenciales y virtuales donde la ciudadanía ha podido escuchar las propuestas y plasmar sus inquietudes, inconformidades, solicitudes y contrapropuestas. No es una tarea fácil, menos aún en estos tiempos de pandemia, protocolos de bioseguridad y virtualidad. El Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la administración distrital contiene 623 artículos en 368 páginas y más de 1.128 páginas de anexos técnicos con 87 planos, lo que enreda su asimilación, dificulta la comprensión y por ende la participación. 

Grosso modo, el POT plantea ordenar el territorio a través de tres escalas:

La Regional: Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y la Región Administrativa y de Planeación Especial –RAPE- Región Central, que incluye el territorio rural de Bogotá.

La Distrital: para organizar el modelo de ocupación del suelo y equilibrar la ciudad, en su perímetro urbano.

La local: con un territorio organizado en Unidades de Planeación Local (UPL), con enfoque de proximidad. 

Una de las novedades del POT que más ha impactado a la ciudadanía es la re-organización político-administrativa de la ciudad mediante la creación de 32 Unidades de Planeación Local, donde Bogotá pasará de tener 20 localidades a tener 32 UPL, para que las personas se puedan mover en un tiempo máximo de 30 minutos dentro de un espacio que no supera los 400.000 habitantes.

De las que mantienen los nombres existentes hay 14 UPL:  Barrios Unidos (133.581 habitantes); Bosa (353.766); Chapinero (153.320); Engativá (384.903); Fontibón (228.899); Kennedy (312.002); Puente Aranda (243.271); Rafael Uribe Uribe (355.828); San Cristóbal (218.727); Suba (161.993); Sumapaz (4.462); Teusaquillo (145.689); Usaquén (257.361) y Usme (165.376).

Y otras 18 tendrían nuevas denominaciones. Estas son las UPL de Arborizadora (244.686 habitantes); Britalia (244.154); Centro Histórico (199.670); Edén (289.861); Entrebubes (189.397); Lucero (283.850); Niza (201.584); Patio Bonito (268.540); Porvenir (242.125); Restrepo (264.714); Rincón de Sur (270.179); Salitre (173.652); Tabora (368.932); Tibabuyes (266.233); Tintal (255.370); Toberín (274.131); Torca (13.257) y Tunjuelito (243.051). Otras, como La Candelaria, desaparecerían.

"Esas unidades son para hacer una ciudad de proximidad, el tiempo promedio de desplazamiento para cualquier cosa en Bogotá hoy es de casi dos horas, eso es hacerle perder a los ciudadanos casi el 25% de su vida en trasladarse simplemente de un lugar a otro, es inhumano, es improductivo, es insostenible. Aquí aspiramos con toda la red de espacio público, con toda la red de Metro, de movilidad, con toda la distribución de equipamientos la redistribución de esas oportunidades para que Bogotá pase a ser una ciudad de dos horas a ser una ciudad de más o menos 30 minutos en tiempos de recorrido", afirmó la alcaldesa Claudia López en una de sus intervenciones.   

 

Lo que viene para Engativá

En Engativá el POT propone tres UPL:

UPL	No	UPZ
ENGATIVÁ (Deficitaria)	72 73 74 116	Bolivia Garcés Navas Engativá Álamos
TABORA (No deficitaria)	29 30 26 116 31	Minuto de Dios Boyacá Real Las Ferias Álamos Santa Cecilia
SALITRE (No deficitaria)	116 31 105	Álamos Santa Cecilia Jardín Botánico

Las No deficitarias concentran mayor cantidad de servicios y equipamientos, contrario a las UPL deficitarias, que no poseen las condiciones óptimas de vida y por tanto las hace receptoras de más recursos de inversión.

Sin embargo, los engativeños han manifestado no tener la suficiente claridad de los ajustes que vendrán para su territorio e inconformidad por la división de las UPL, toda vez que fracciona la tradición política, social, económica y el arraigo cultural que trae la localidad desde hace décadas. Por ende, temas como la estructura ecológica, la malla vial, la operación estratégica del aeropuerto El Dorado y su consabida área de influencia aeroportuaria, las manzanas de cuidado, el manejo de reciclaje y de espacios públicos construidos como antejardines y cerramientos, el incremento de la PH, la llegada de la universidad pública, el Plan Porta, entre otros, son víctima de rumores y desinformaciones en las calles, por cuenta de la incertidumbre y del poco manejo de información por parte de la comunidad. Por ello, la invitación es a participar masivamente en los diferentes encuentros que adelanta la Secretaría de Planeación Distrital, la Junta Administradora Local y el Consejo Territorial de Planeación Distrital, o en su defecto, a ver las transmisiones que cada una de estas entidades ha realizado vía Facebook y se encuentran alojados en sus Fanpages. De esta manera, podemos enterarnos directamente de las propuestas planteadas en el POT, así como de las intervenciones realizadas por la ciudadanía, para desmitificar rumores, concentrarse en las verdaderas propuestas y sus consecuencias, aportar al proceso y extraer las propias conclusiones.

Canales de participación

Pero si se anima a presentar sus propias propuestas, a hacer sus preguntas puntuales y a conocer mejor la información, puede acudir a los diversos canales de participación por medio de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) www.sdp.gov.co, en las ventanillas de radicación del SuperCADE CAD, en las reuniones virtuales previstas que pueden ser consultadas en la página web de la SDP o dirigirse a los correos electrónicos:

potbogota@sdp.gov.co y consejoterritorialdebogota@gmail.com

Tenga en cuenta que en agosto se radicará el documento ante el Concejo de Bogotá, y se prevé que la ciudad en diciembre contará con un nuevo POT. El llamado es a la participación activa y responsable, a solicitar información y leer los documentos o analizar los mapas para identificar los cambios y conocer el nuevo orden proyectado. No espere que otros decidan por usted y tampoco espere que los cambios en su territorio le caigan por sorpresa.

3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa

 ¿El Estado garantiza las libertades de prensa y expresión? 

Hamilton Fuentes
Periodista y Magíster en Sociología 
Investigador en Política, Conflicto y Paz. 

Las libertades del ciudadano tienen una fundamentación en un marco internacional y constitucional pero simultáneamente se confrontan con la falta de garantías e incumplimientos, esa contradicción genera una dualidad entre un Estado real y un Estado ilusorio que promueve conflictos que se tramitan mediante la exigibilidad y reclamaciones que buscan una resolución en la resignificación, goce efectivo y materialización de derechos. Al peguntar: 

¿El Estado garantiza las libertades de prensa y expresión? 

El exmagistrado Jaime Araujo Rentería responde -sí- y referencia el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. 

Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

No habrá censura”. (Corte Constitucional y otros, 2016).

A partir de lo expuesto, surge una hipótesis de la lectura del texto ‘Qué significa Estado’ una interpretación dual entre un Estado ilusorio que no garantiza las libertades de prensa y expresión en la práctica y un Estado real que consagra un derecho constitucional, por tanto: “El Estado es la configuración, ilusoria y de igual modo real, que adopta la comunidad política bajo las condiciones sociales dominantes”. (Hirsch, 2005). Al intentar sacar la discusión de un Estado real y trasladarla a un Estado ilusorio se debe preguntar por las garantías para desarrollar y ejercer el periodismo que corresponde a la materialización del fundamento jurídico. Así las cosas, al confrontar el derecho constitucional con el goce efectivo de la libertad de expresión y derechos conexos, es pertinente preguntar al gremio de periodistas:

¿En Colombia hay garantías para ejercer el periodismo?

“De ninguna forma, no hay garantías para hacer periodismo en un país donde la democracia está fracturada y la corrupción tiene amordazada la verdad. Somos el segundo país en América donde es más peligroso ejercer el periodismo. Las amenazas, los homicidios y las agresiones son una constante para quienes trabajan en búsqueda de la verdad, con una agravante y es la omisión de la justicia frente a estos casos. Es paradójico que en las regiones donde más se agudiza el conflicto, el narcotráfico y la violencia, es donde más se necesita una prensa libre, allí es más difícil para los periodistas aferrarse a la verdad, más aún, cuando la otra forma de violencia es la omisión del Estado y las instituciones judiciales que terminan siendo cómplices de los criminales”, expone la periodista Katia Ospino Salem, de la unidad investigativa de Noticias Uno. Ospino Salem es investigadora de La Nueva Prensa. En el libro ‘Lo que no borró el desierto’, de la escritora y periodista Diana López Zuleta, relata cómo se enfrenta a las mafias políticas y criminales del Cesar y La Guajira, departamento donde la iban incinerar con gasolina en el desarrollo de una investigación periodística; hace trabajos sobre las afectaciones del despojo, el extractivismo, la corrupción y el Mercenarismo de Estado; ejerce el periodismo en medio de constantes amenazas que ya trascendieron en su hijo menor de edad. La periodista recoge y representa las voces de los comunicadores que se enfrentan al Estado real que garantiza en la Constitución la libertad de expresión pero que en la práctica se vuelve un Estado ilusorio al no proteger el derecho.    

La violencia contra periodistas: una lectura desde el Mercenarismo de Estado

Buena parte de los asesinatos a periodistas aparecen en estrecha conexión con la consolidación y afianzamiento en el país del proyecto paramilitar que empezó a ocupar diferentes territorios con el apoyo de sectores de las fuerzas militares, políticos y empresarios regionales. El Mercenarismo de Estado o combinación de la violencia de Estado y las fuerzas irregulares a su servicio van a considerar a los periodistas críticos e investigativos como ‘elementos desordenados, irregulares y desviados’ a los que hay que controlar, vigilar o en el peor de los casos asesinar. Al respecto, se fortalece un enfoque estatal de la seguridad y una clasificación e identificación de sujetos ‘desviados’, categorizados como enemigos, quienes son señalados como comunistas, guerrilleros, y entre los cuales se estigmatiza a periodistas vinculados por lo general a pequeños medios de comunicación con buena reputación y con vínculos cercanos a la población civil que conforma la región comunicativa, que en muchos de los casos también fue víctima del Mercenarismo de Estado.

Esos sujetos desviados, entre otros, son los periodistas críticos que generalmente son asesinados, exiliados o en el mejor de los casos despedidos laboralmente por informar lo que no se debe informar o que informan de una manera que no se ajusta a los intereses de las relaciones entre los medios de comunicación, el poder y el Estado. (Franco, 2009, p. 438). En consecuencia, surge la Necropolítica que devela nuevas formas de dominación, sumisión y tributo donde el teórico Achille Mbembe desarrolla una reflexión sobre el poder nominal del Estado. La Necropolítica está inspirada en Foucault y su fundamento central es la soberanía para dar vida o muerte; es la autonomía para decidir sobre la vida y la muerte. Acallar periodistas ha sido una de las estrategias de los poderes legales e ilegales mediante la amenaza y en ocasiones mediante el asesinato. “Todo eso no puede ser resultado distinto a que existe una estrategia dirigida a ese silenciamiento de los periodistas por el medio que sea; es decir, existe una directriz, existe una política dirigida”, según explica Reinaldo Villalba del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Sin duda, persiste una afectación en el ejercicio del periodismo relacionado con la imposición del silencio. Así las cosas, ¿cómo superar la censura, la autoncesura y el silenciamiento en la prensa colombiana?, este uno de los retos de las organizaciones que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre, al igual que de la academia. 

Para enfrentar segundo pico de COVID-19, Bogotá declara Alerta Roja, toque de queda y nuevas medidas

 

● La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Salud declaran alerta roja para la ciudad y para el sistema hospitalario para garantizar disponibilidad y atención de pacientes en UCI.

● Acatando la instrucción del Gobierno Nacional, se declara restricción total de la movilidad EN TODA LA CIUDAD desde hoy jueves 7 de enero a medianoche, hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana.

● En este mismo sentido, en la ciudad habrá toque de queda nocturno entre el martes 12 de enero hasta el domingo 17 de enero en el horario comprendido entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Durante este periodo de tiempo TransMilenio funcionará hasta las 8 pm.

● Se mantienen las medidas de cuarentena estricta que venían rigiendo en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá hasta el próximo 17 de enero a las 11:59 p.m.

● Entran en cuarentena estricta las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo a partir de este martes 12 de enero a las 00:00 horas y se mantendrá hasta el próximo jueves 21 de enero a las 11:59 p.m, esto con el fin de controlar el creciente número de contagios y hospitalizaciones por coronavirus.

● Durante este domingo y lunes festivo, la ciclovía estará suspendida para facilitar el regreso de los viajeros a Bogotá y evitar aglomeraciones. A quienes regresan de viaje, se les pide extremar los cuidados durante el trayecto y a la llegada y realizar un aislamiento preventivo y voluntario de 7 días para evaluar sus síntomas y reportar cualquier novedad. 

Bogotá, enero 7 de 2021 (@Bogotá). Este jueves la alcaldesa Claudia López en compañía del secretario de Salud Alejandro Gómez y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, explicó las medidas que empezarán a regir desde esta semana como producto del segundo pico del Covid-19 en el país y en la ciudad. Alerta roja en la ciudad, en el sistema hospitalario, toque de queda general y nuevas localidades con cuarentena estricta son las principales medidas. El comportamiento de los indicadores de salud en Bogotá evidencia que desde la primera semana de diciembre hay un incremento en la ocupación de camas de cuidados intensivos e intermedios en la ciudad, por lo que el Distrito, como primera medida, declaró la alerta roja en la ciudad y en el servicio hospitalario con el fin de seguir garantizando la prestación de los servicios de salud, la disponibilidad del talento humano y los medicamentos esenciales para todos los niveles de atención médica. Este segundo pico está siendo mucho más drástico de lo estimado, no sólo por mayor número de contactos y contagios sino por mayor carga viral identificada en los positivos, lo cual dispara la transmisibilidad. Por eso, acatando la instrucción del Gobierno Nacional, se declara la restricción total de la movilidad en todo Bogotá a partir de este jueves 7 de enero a las 11:59 p.m y hasta el próximo martes 12 de enero a las 4:00 a.m.

En este mismo sentido, la ciudad también tendrá toque de queda nocturno entre el martes 12 de enero hasta el domingo 17 de enero en el horario comprendido entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Las localidades que ya tenían medidas especiales (Suba, Engativá y Usaquén), continuarán hasta el próximo 17 de enero a las 11:59 p.m. y las localidades de Kennedy, Teusaquillo y Fontibón entran en cuarentena estricta desde este martes 12 de enero a las 00:00 horas y hasta el próximo jueves 21 de enero a las 11:59 p.m, debido al aumento de casos positivos y hospitalizaciones por coronavirus en los últimos días. 

Adicionalmente, durante este domingo y lunes festivo, la ciclovía estará suspendida para facilitar el regreso de los viajeros a Bogotá y evitar aglomeraciones. A quienes regresan de viaje, se les pide extremar los cuidados durante el trayecto y a la llegada y realizar un aislamiento preventivo y voluntario de 7 días para evaluar sus síntomas y reportar cualquier novedad. “Es duro iniciar el año tomando estas medidas, pero de todos depende que este segundo pico lo pasemos rápido. Nos enfrentamos a posibles fenómenos como la nueva cepa y por eso debemos extremar todas las medidas para protegernos. Bogotá siempre ha sido ejemplo de cuidado durante toda la pandemia, no podemos bajar la guardia. Si nos cuidamos, salvamos nuestra vida y la de miles de personas en la ciudad”, puntualizó la alcaldesa Claudia López.

El Cedro, un barrio acorralado entre la perversidad y la negligencia

Para los residentes del barrio El Cedro no ha sido fácil habitar este pequeño territorio en el extremo occidental de Bogotá, bordeado por hermosos paisajes en los que confluyen la naturaleza y la metrópoli. Sin embargo, en honor al nombre de su barrio han demostrado ser muy resistentes a las adversidades que les presentan la perversidad de algunos mercaderes privados y la negligencia del Estado.

Desde 1995 cuando adquirieron los lotes, los habitantes del barrio El Cedro aprendieron a enfrentar las dispendiosas diligencias legales ante las entidades distritales, las autoridades locales y de policía. Recuerdan que por ser un desarrollo ilegal la Policía no les dejaba construir y pasaban cruentas incomodidades por la falta de servicios públicos. “Gastamos tiempo, esfuerzos y energía entre Planeación y otras entidades, sufrimos demasiada tensión entre la comunidad, pero logramos la legalización del barrio en 1998”. Dicen con la satisfacción del deber cumplido. También recuerdan cuando el vendedor de los lotes destinó un terreno de más de 5.000 metros cuadrados sobre la calle 69 entre carreras 122 A BIS y la ronda del Humedal Jaboque, para la recreación activa de las familias de los barrios El Cedro, Santa Librada, La Faena y circunvecinos. El lugar fue por años el campo abierto donde se recreaban los niños y la salida peatonal hacia el centro de Engativá. Allí, grandes y chicos soñaban con una sede de la Universidad Distrital o del SENA o un parque bien dotado para su recreación y la de los miles de jóvenes de Engativá pueblo. Aquel pueblo que en la década de los cincuenta fue absorbido por Bogotá, marginándolo de todos los beneficios de la gran capital, como si sus habitantes no tuvieran derechos. Aquel pueblo que en más de diez cuadras a la redonda no posee un parque, ni zonas verdes para el sano esparcimiento, la recreación y la salud mental de sus ciudadanos. El mismo que paga impuestos y elige a sus gobernantes, para ver con impotencia el tránsito de muchas administraciones cuyos presupuestos nunca alcanzan para suplir sus necesidades básicas.

Llegaron los problemas

Regresan los Mercados Campesinos a parques y plazoletas de Bogotá

• Los Mercados itinerantes y permanentes funcionarán de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. con todos los protocolos de bioseguridad y con un aforo máximo de 20 personas.

• Los ciudadanos también podrán adquirir mercado campesino a domicilio ingresando a mercadoscampesinos.gov.co o llamando a la línea 3693757.

La Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Desarrollo Económico reactiva los Mercados Campesinos itinerantes y permanentes en la ciudad, con la participación de más de 1.200 productores provenientes de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá Rural.“Continuamos reactivando a Bogotá Rural gracias al programa Mercados Campesinos con espacios seguros de comercialización de productos frescos, de buena calidad, a precios cómodos y disminuyendo la intermediación. Nuestro compromiso es seguir facilitando el camino para modernizar y transformar la distribución de los productos del campo a través de escenarios de venta digital y presencial que les permita la expansión de sus mercados”, indicó Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico.

62 años de la Acción Comunal en Colombia

Foto: IDPAC

Según la Ley 743 de 2002 el día Comunal se conmemora el segundo domingo de noviembre. Este año las organizaciones comunales cumplen 62 años de constitución como el modelo organizativo más grande del país. 

Cada año Bogotá celebra la existencia de 1.677 Juntas de Acción Comunal, 20 Asojuntas y una Junta de Vivienda Comunitaria que congregan cerca de 400 mil personas afiliadas y 21.488 dignatarios, de los cuales 46% son mujeres y el 54% hombres.

Para celebrarlo, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal –IDPAC realizó el pasado 14 de noviembre la Audiencia Pública de Organizaciones Comunales, donde  más de 150 líderes y lideresas tuvieron la oportunidad de dialogar con la alcaldesa mayor Claudia López y el director del instituto, Alexander Reina Otero, sobre la situación actual del movimiento comunal en Bogotá.

 

Pronunciamiento de la FederaciónComunal de Bogotá

Federico Castañeda
Federación Comunal de Bogotá
Presidente
Foto: IDPAC

En el evento realizado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el presidente de la Federación Comunal de Bogotá, Federico Castañeda, develó varios aspectos que ocupan la agenda actual de los comunales capitalinos: En primer lugar solicitó que todos los sectores del distrito y las administraciones locales cuenten con la acción comunal para la ejecución de las políticas públicas, e instó a los funcionarios a reconocer en el ejercicio comunal la esencia de la democracia participativa de nuestra sociedad. “La acción comunal existe y es patrimonio de la ciudad, lo demostramos en la primera fase de los presupuestos participativos con la gran movilización social que hicimos en procura de defender los postulados de participación”, dijo. Seguidamente solicitó que la administración se comprometa con la ejecución de la política pública y facilite la visibilización de la organización para que la gestión comunal sea incidente. También hizo un llamado a la administración para buscar alternativas que favorezcan los más de 1200 salones comunales con subsidios a las deudas y tarifas especiales de servicios públicos, ya que por la pandemia están cerrados desde marzo afectando negativamente la única fuente de ingresos de las juntas. Así mismo, el líder comunal solicitó a la administración que los salones comunales sean territorios wifi con conexión gratis a internet, tan indispensable en ésta época de la virtualización. Finalmente, requirió la creación de una mesa que le apunte a solucionar el tema de la administración de los salones comunales construidos en espacio público. “Necesitamos que el proceso tenga real participación de las JAC, que no sintamos la amenaza de que nos van a quitar los salones sino que se vea un pacto de compromiso con la organización y un pacto de responsabilidad con los comunales, es decir, que hagamos un trabajo mancomunado”, concluyó Castañeda.

Propuestas y compromisos de la Administración

Integración Social capacita a policías en prevención del feminicidio

 

La capacitación es una articulación del Consejo de Seguridad para la mujer y del Consejo Distrital de atención a víctimas.  La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) inició el proceso de formación en Atención y prevención integral a las mujeres en riesgo o víctimas de violencia intrafamiliar a 240 agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, especialmente a quienes tienen contacto directo con casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Se trata de un cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Consejo Distrital de Seguridad para las Mujeres, un espacio de participación con enfoque diferenciado para disminuir los niveles de violencia contra el género femenino tanto en el espacio público como en el privado. “Este proceso inició desde la Mesa de seguimiento a las mujeres en riesgo de feminicidio que hacemos en articulación con el Consejo de Seguridad y la alcaldesa Claudia López cada semana. Estamos afinando, coordinando y comprendiendo mejor lo que implican las medidas de protección y la responsabilidad que tiene la Policía frente al tema”, señaló Omaira Orduz, subdirectora para la Familia de la Secretaría de Integración Social.